Segregación de cuentas en crowdlending: cómo protege Suiza al inversor

Suiza goza, con toda razón, de una reputación excepcional como bastión de estabilidad y confianza financiera. Su sistema bancario es sinónimo de prudencia, el franco suizo es una de las divisas más sólidas del mundo, y su banco central independiente ha sabido mantener el equilibrio incluso en los momentos más turbulentos. Esta cultura de protección al capital tiene raíces profundas: se remonta al Código de Obligaciones suizo de principios del siglo XX. Esos mismos principios se aplican hoy a la regulación del crowdlending.

Uno de los pilares fundamentales de esta protección es la segregación de cuentas. La legislación suiza exige que los activos confiados a intermediarios financieros se mantengan completamente separados de los fondos operativos de la empresa. ¿Qué significa esto en la práctica? Que, incluso en caso de quiebra, el capital de los inversores no puede utilizarse para cubrir las deudas de la entidad y debe devolverse íntegramente a sus legítimos propietarios. Esta salvaguarda jurídica es clave para que Suiza siga siendo un destino seguro para el capital.

En este artículo explicamos la normativa que respalda esta protección y cómo se aplica en el ámbito digital del crowdlending.

Marco legal

Los activos depositados en intermediarios financieros, incluidas las plataformas de crowdlending, están protegidos por una combinación de tres leyes federales: la Ley de Valores Intermediados (FISA), la Ley Bancaria y la Ley de Infraestructuras del Mercado Financiero (FMIA). El eje central de este marco es que los valores y el efectivo de los clientes deben mantenerse separados de los activos del operador, lo que reduce significativamente el riesgo de uso indebido.

Ley Bancaria: Artículo 37D

Aprobada originalmente en 1934 y reformada posteriormente, la Ley Bancaria establece que los activos custodiados por bancos e instituciones similares deben regirse por las normas de asignación de pérdidas de la FISA. En términos prácticos, esto impide que el capital de los clientes se mezcle con los fondos propios del banco. Si un operador se declarase insolvente, esta estructura jurídica garantiza que los activos queden protegidos frente a los acreedores de la entidad, salvaguardando así el capital invertido a través de terceros.

Ley de Valores Intermediados (FISA): Artículo 11A

Según esta disposición, cuando los valores de un cliente se custodian en el extranjero a través de un sub-custodio, los párrafos 3 y 4 imponen obligaciones estrictas: el custodio debe garantizar que los activos del emisor y los del custodio se mantengan separados, o bien implementar medidas alternativas que ofrezcan un nivel de protección equivalente cuando la separación completa no sea viable por razones legales u operativas. Esto asegura la protección del inversor incluso en esquemas de custodia transfronteriza.

Ley de Infraestructuras del Mercado Financiero (FMIA): Artículo 73

Adoptada en 2003 y actualizada periódicamente, la FMIA extiende estos principios de protección a los participantes en depositarios centrales de valores, como bancos o entidades financieras que gestionan valores en nombre de inversores. La ley obliga a ofrecer a los participantes dos opciones: cuentas ómnibus (donde los activos de varios clientes se agrupan, pero siempre separados de los del intermediario) o cuentas individuales reservadas, donde los activos de cada inversor se segregan de forma independiente.

Aplicación en el entorno digital

En términos sencillos, la segregación de cuentas significa que el capital aportado por los inversores se mantiene separado —legal y operativamente— de los fondos de la plataforma. La empresa facilita la transacción, pero no trata el dinero del inversor como propio. Se trata de una salvaguarda estructural con consecuencias jurídicas directas.

En el contexto del préstamo P2P, los inversores transfieren fondos con un fin específico: financiar proyectos de prestatarios concretos. Hasta que esos fondos se desembolsan o, en su caso, se devuelven, constituyen activos de terceros mantenidos para un propósito limitado y definido. La plataforma no puede disponer libremente de ese dinero, utilizarlo para cubrir sus necesidades de liquidez ni exponerlo a sus propios riesgos empresariales.

Este enfoque se refleja en la forma en que plataformas suizas como Maclear estructuran sus operaciones. El capital de los prestamistas se deposita en cuentas específicas, físicamente separadas de las cuentas operativas de la empresa, lo que garantiza que los fondos no invertidos permanezcan protegidos en todo momento. Esta estructura cumple con el derecho civil suizo y con el papel de la empresa como intermediario.

Mitigación del riesgo de contraparte

Esta normativa reduce considerablemente el riesgo de contraparte. Si los fondos de los inversores se mantuvieran en las cuentas generales de la plataforma, los prestamistas se convertirían, de hecho, en acreedores no garantizados de la empresa. En cambio, las cuentas segregadas dejan claro que el capital pertenece a los inversores y se gestiona únicamente como fondos de tránsito.

FINMA y los organismos de autorregulación

La eficacia del derecho suizo se refuerza mediante un sistema de supervisión en múltiples niveles, en el que intervienen la FINMA (Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo) y los organismos de autorregulación (SRO, por sus siglas en inglés) reconocidos por esta. La FINMA define y vigila el perímetro regulatorio, evaluando a las entidades según la naturaleza económica de sus actividades, con especial atención al tratamiento del capital de los inversores.

Las plataformas deben afiliarse a un SRO reconocido por la FINMA. Es precisamente aquí donde la protección preventiva del inversor se materializa de forma tangible. Los SRO no se limitan a verificar las transacciones con fines de prevención del blanqueo de capitales: imponen requisitos organizativos, de gobernanza y de control que refuerzan directamente la segregación y protección de los fondos.

PolyReg

Un ejemplo ilustrativo es la pertenencia a PolyReg. Se trata de un organismo de autorregulación con más de 25 años de trayectoria, supervisado por la FINMA. La admisión en la lista de miembros de PolyReg no es automática. Antes de iniciar operaciones, entidades como Maclear deben superar un riguroso proceso de verificación que incluye:

• Análisis de solvencia financiera
• Comprobación exhaustiva de la reputación de accionistas y directivos
• Verificación de que el equipo de gestión posee la competencia profesional necesaria para actuar como intermediario financiero

Este proceso de admisión actúa como un filtro estructural que impide la entrada al mercado de entidades mal gobernadas o con capital insuficiente.

Auditorías periódicas

La supervisión de los SRO es continua, no puntual. Maclear está sujeta a inspecciones y auditorías anuales obligatorias que verifican el cumplimiento permanente de las normas, las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, los controles internos y los estándares de gobernanza. Estas revisiones garantizan que los fondos se mantengan debidamente segregados, trazables y protegidos frente a usos operativos, no solo al inicio de la actividad, sino durante toda su vida útil. La segregación de cuentas está anclada en la ley, ejecutada por los reguladores y supervisada de forma continua.

Protección en caso de insolvencia

Cuando los fondos de los inversores están correctamente segregados, no forman parte de la masa concursal de la entidad, tal como establece el Código de Obligaciones suizo. Tanto los saldos en efectivo como los créditos derivados de préstamos se consideran activos de terceros. En caso de insolvencia, el administrador concursal está obligado por ley a excluir estos activos de la masa y restituirlos a los inversores a quienes pertenecen. Los inversores no son tratados como acreedores no garantizados de la plataforma, sino como propietarios de activos identificables custodiados en régimen fiduciario.

Trazabilidad garantizada

La legislación concursal pone especial énfasis en la posibilidad de identificar y atribuir claramente los activos a inversores específicos. Las cuentas segregadas aseguran esta trazabilidad al mantener una separación nítida entre los bienes del inversor y los de la empresa, respaldada por registros de transacciones y documentación de saldos. Cuando existe esta separación, los activos quedan protegidos frente a las reclamaciones de los acreedores de la entidad, con independencia de su situación financiera.

Derecho al reembolso

Este marco de protección va más allá del efectivo inactivo. Los derechos de cobro derivados de los préstamos también están protegidos. Aunque una plataforma cese su actividad, los contratos de préstamo subyacentes siguen siendo válidos, y los inversores conservan el derecho a recibir el reembolso directamente de los prestatarios. La insolvencia no extingue estos créditos ni permite que sean absorbidos por los pasivos de la empresa.

Usos prohibidos del capital del inversor

Los fondos segregados no pueden destinarse a ningún gasto u obligación ordinaria de la plataforma, como por ejemplo:

• Desarrollo tecnológico
• Salarios
• Marketing
• Gastos administrativos
• Cobertura de obligaciones frente a terceros

Cada transacción debe documentarse con precisión, vinculando cada inversión a un inversor y un proyecto concretos. Las plataformas mantienen registros detallados que recogen depósitos, desembolsos a promotores de proyectos, pagos de intereses y devoluciones de capital. Cualquier asignación indebida o mezcla de fondos expondría a la entidad a responsabilidades civiles y regulatorias.

Atribución automatizada

La segregación de cuentas se apoya en la tecnología. Las plataformas de crowdlending implementan sistemas de integración bancaria, contabilidad automatizada y software de conciliación para gestionar de forma eficiente las múltiples cuentas de inversores. Estos sistemas reducen el error humano, garantizan la presentación oportuna de informes y permiten a los prestamistas hacer un seguimiento en tiempo real del estado de sus aportaciones, lo que refuerza la transparencia y la confianza.

Conclusión

La obligación de segregar los activos de los inversores es un pilar fundamental del enfoque suizo en materia de protección al capital y respeto al marco jurídico. A través de la Ley Bancaria, la FISA y la FMIA, la legislación garantiza que los fondos custodiados por terceros se mantengan diferenciados de los activos de la empresa y protegidos frente a riesgos operativos o de insolvencia.

Para los inversores, esta distinción es decisiva. Aunque asumen conscientemente el riesgo crediticio del prestatario, están protegidos frente al riesgo de convertirse en acreedores no garantizados de la propia plataforma. Las cuentas segregadas, reforzadas por la supervisión de la FINMA y el control continuo de organismos de autorregulación reconocidos, aseguran que los fondos y los derechos de crédito sean trazables, estén jurídicamente protegidos y sean recuperables incluso en escenarios adversos.

Maclear es un ejemplo práctico de cómo se aplican estas protecciones. Además de la estricta segregación de cuentas y la supervisión continua por parte de PolyReg, Maclear incorpora capas adicionales de gestión de riesgos mediante un innovador sistema de calificación crediticia de 10 puntos, una protección contra impagos de doble capa y la asunción de la gestión de posibles disputas internacionales en nombre de sus inversores.

Para quienes buscan una plataforma de crowdlending respaldada por la certeza jurídica suiza y reforzada por controles de riesgo rigurosos, Maclear ofrece un modelo en el que la protección del inversor es estructural, transparente y gestionada activamente.

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